viernes, 30 de mayo de 2008

Paso a Paso

* Primer Bloqueo de rutas, 24 hs.
* Segundo Bloqueo, 48 Hs
Fuertes críticas a la intervención del Estado en la economía, amenazas y violencia por parte de los chacareros, acusaciones de golpismo y medidas oficiales para intentar garantizar el abastecimiento.
* Tercer Bloqueo, 11 días
Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria como la punta de lanza de los productores. Esas dos entidades presentan, al iniciar su tercer lockout del año, un documento con 14 puntos donde se le comienza exigiendo al gobierno “derecho de participación de las entidades gremiales representativas del agro en el estudio y la elaboración de la política económica nacional”
* Cuarto Bloqueo, record: 18 días
El Estado fijaba precios máximos para las producciones. Esa intervención estatal es vista como una herejía por los chacareros, los cuales al mismo tiempo reclaman, paradójicamente, desgravaciones impositivas para estimular la retención de vientres y el aumento de la producción, créditos a tasas blandas y la “aplicación de medidas cambiarias que posibiliten la exportación fluida de la producción agropecuaria en general y ganadera en particular”, entre otros puntos.
* Desde el oficialismo se acusa a las entidades del campo de expresar los intereses de la oligarquía terrateniente. Sin embargo, los dirigentes rurales aseguraron que “la protesta no surge de ningún pequeño o privilegiado sector de grandes ganaderos sino que se nutre de la decidida voluntad de millares de productores que nada tienen de oligarquía agraria"
* El titular de una de las federaciones campestres declara en TV: “Hay enemigos del país que se niegan a reconocer que el campo es su columna vertebral”, agregó.
* Diputados Oficialistas reafirman la posición oficial: "El lockout, decretado por las organizaciones que agrupan a los elementos más reaccionarios de los sectores tradicionales del privilegio y sus socios menores, constituye una provocación política que apunta a perturbar el accionar del gobierno justicialista”
* El gobierno asegura que varias exigencias han sido satisfechas antes del inicio de ese tercer lockout, poniendo como ejemplo la liberación del precio de la hacienda en pie, el reajuste de la cotización de los cereales, el pago total de los saldos adeudados por la Junta Nacional de Granos y la homologación de los precios propuestos por los tamberos. Sin embargo, el lockout se extiende por once días, tal como estaba previsto inicialmente, y una vez concluido se organiza uno más extenso.
* El ministro de Economía primero intenta restarle importancia a esta última protesta al declarar que “si no hay carne, comeremos pollo”, pero cuando el bloqueo comienza a provocar los primeros faltantes solicita a las Fuerzas Armadas el envío de hacienda.
* El gobierno remarca que el campo no está atravesando una situación crítica y pone como ejemplo el aumento de la producción.
* La respuesta llega desde la Sociedad Rural que, apoya la protesta desde un estratégico segundo plano. “Es probable que el área de siembra haya aumentado, pero ello no es debido al estímulo de buenos precios de cereales, sino a los desastrosos precios ganaderos que han obligado a los productores de tierras aptas a sembrar como única alternativa”
* Con el paso de los días el bloqueo comercial crece en intensidad. Varios productores afines al gobierno denuncian a hacendados huelguistas por la quema de sembrados, el corte de alambrados y la dispersión de hacienda lista para ser enviada a los mercados. Además se difundieron solicitadas intimidatorias como la publicada en el diario La Nación: “La Asociación Rural de Carlos Tejedor informa a la opinión pública que han cargado hacienda para faena, intentando sabotear el movimiento de fuerza declarado por CRA y FAA"
* El gobierno amenaza con decretar en estado de emergencia económica la comercialización de ganado. La medida autoriza a la Junta Nacional a proponer procedimientos tendientes a mantener el normal abastecimiento de la población, incluso contemplando la posibilidad de expropiar la producción.
* La respuesta por parte de los huelguistas no se hace esperar: "Van a ocurrir hechos de violencia que nosotros no podemos controlar”, asegura en respuesta el titular de Federación Agraria.

Cómo sigue esto?

El cuarto lockout del año llegó a su fin el 10 de noviembre, pero el enfrentamiento siguió su curso. El 16 de febrero de 1976 la gran mayoría de los productores adhirió al paro empresario propuesto por Apege y el 27 de marzo tenían previsto iniciar otro lockout sectorial. Sin embargo, las Fuerzas Armadas derrocaron a Isabel Perón antes de esa fecha. Los principales dirigentes del campo celebraron la llegada de la dictadura militar, a punto tal que Jorge Aguado, titular de Carbap, terminó siendo secretario de Agricultura de Roberto Viola y gobernador de la provincia de Buenos Aires con Leopoldo Galtieri.

Ahora la situación es diferente. Los militares están fuera de la escena política, pero varios referentes rurales están cuestionando al Gobierno con una virulencia propia de los ’70. El viernes, justo el día en que se reanudaban las negociaciones, Carbap publicó en La Nación una solicitada dirigida a la Presidenta con términos provocativos y rupturistas. “Hubiera sido mejor que nos decepcionara el contenido de sus propuestas, en vez de herirnos con sus expresiones. La incapacidad de preservar la altura y dignidad de su investidura hizo descender el discurso al desprecio y la falacia. Peor aún, alentó rencores y enfrentamientos entre argentinos, que se concretaron apenas unas horas después en manos de grupos irregulares y violentos al servicio del poder (...) Que Dios la perdone y nos dé a todos la templanza para conservar la calma y preservar la paz”, señala el texto de la entidad que preside Pedro Apaolaza y que apareció firmada por decenas de sociedades rurales de la pampa húmeda. Un verdadero déjà vu.

Adaptación de la nota de Página 12 del 30 de Marzo de 2008

viernes, 16 de mayo de 2008

Carta Abierta

Este documento fue presentado el martes en la librería Gandhi por una mesa conformada por Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Ricardo Forster y Jaime Sorín. Fue firmado por más de 750 intelectuales, entre los que se cuentan decanos de la UBA, David Viñas, Norberto Galasso, Noé Jitrik, Eduardo Grüner, Horacio González, José Pablo Feinmann y muchos más nombres, que por limitaciones de espacio es imposible reproducir.

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía. La oposición a las retenciones -comprensible objeto de litigio- dio lugar a alianzas que llegaron a enarbolar la amenaza del hambre para el resto de la sociedad y agitaron cuestionamientos hacia el derecho y el poder político constitucional que tiene el gobierno de Cristina Fernández para efectivizar sus programas de acción, a cuatro meses de ser elegido por la mayoría de la sociedad. Un clima destituyente se ha instalado, que ha sido considerado con la categoría de golpismo. No, quizás, en el sentido más clásico del aliento a alguna forma más o menos violenta de interrupción del orden institucional. Pero no hay duda de que muchos de los argumentos que se oyeron en estas semanas tienen parecidos ostensibles con los que en el pasado justificaron ese tipo de intervenciones, y sobre todo un muy reconocible desprecio por la legitimidad gubernamental.

Esta atmósfera política, que trasciende el "tema del agro", ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar. La inquietud es compartida por franjas heterogéneas de la sociedad que más allá de acuerdos y desacuerdos con las decisiones del Gobierno consideran que, en los últimos años, se volvieron a abrir los canales de lo político. No ya entendido desde las lógicas de la pura gestión y de saberes tecnocráticos al servicio del mercado, sino como escenario del debate de ideas y de la confrontación entre modelos distintos de país. Y, fundamentalmente, reabriendo la relación entre política, Estado, democracia y conflicto como núcleo de una sociedad que desea avanzar hacia horizontes de más justicia y mayor equidad.

Desde 2003 las políticas gubernamentales incluyeron un debate que involucra a la historia, a la persistencia en nosotros del pasado y sus relaciones con los giros y actitudes del presente.

Un debate por las herencias y las biografías económicas, sociales, culturales y militantes que tiene como uno de sus puntos centrales la cuestión de la memoria articulada en la política de derechos humanos y que transita las tensiones y conflictos de la experiencia histórica, indesligable de los modos de posicionarse comprensivamente delante de cada problema que hoy está en juego.

En la actual confrontación alrededor de la política de retenciones jugaron y juegan un papel fundamental los medios masivos de comunicación más concentrados, tanto audiovisuales como gráficos, de altísimos alcances de audiencia, que estructuran diariamente "la realidad" de los hechos, que generan «el sentido» y las interpretaciones y definen "la verdad" sobre actores sociales y políticos desde variables interesadas que exceden la pura búsqueda de impacto y el rating. Medios que gestan la distorsión de lo que ocurre, difunden el prejuicio y el racismo más silvestre y espontáneo, sin la responsabilidad por explicar, por informar adecuadamente ni por reflexionar con ponderación las mismas circunstancias conflictivas y críticas sobre las que operan.

Esta práctica de auténtica barbarie política diaria, de desinformación y discriminación, consiste en la gestación permanente de mensajes conformadores de una conciencia colectiva reactiva.

Privatizan las conciencias con un sentido común ciego, iletrado, impresionista, inmediatista, parcial. Alimentan una opinión pública de perfil antipolítica, desacreditadora de un Estado democráticamente interventor en la lucha de intereses sociales. La reacción de los grandes medios ante el Observatorio de la discriminación en radio y televisión muestra a las claras un desprecio fundamental por el debate público y la efectiva libertad de información. Se ha visto amenaza totalitaria allí donde la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA llamaba a un trato respetuoso y equilibrado del conflicto social.

En este nuevo escenario político resulta imprescindible tomar conciencia no sólo de la preponderancia que adquiere la dimensión comunicacional y periodística en su acción diaria, sino también de la importancia de librar, en sentido plenamente político en su amplitud, una batalla cultural al respecto. Tomar conciencia de nuestro lugar en esta contienda desde las ciencias, la política, el arte, la información, la literatura, la acción social, los derechos humanos, los problemas de género, oponiendo a los poderes de la dominación la pluralidad de un espacio político intelectual lúcido en sus argumentos democráticos.

Se trata de una recuperación de la palabra crítica en todos los planos de las prácticas y en el interior de una escena social dominada por la retórica de los medios de comunicación y la derecha ideológica de mercado. De la recuperación de una palabra crítica que comprenda la dimensión de los conflictos nacionales y latinoamericanos, que señale las contradicciones centrales que están en juego, pero sobre todo que crea imprescindible volver a articular una relación entre mundos intelectuales y sociales con la realidad política. Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La relación entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural.

Esta problemática es decisiva no sólo en nuestro país, sino en el actual Brasil de Lula, en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa, en la Venezuela de Chávez, en el Chile de Bachelet, donde abundan documentos, estudios y evidencias sobre el papel determinante que asume la contienda cultural y comunicativa y las denuncias contra los medios en manos de los grupos de mercado más concentrados. Es también en esta confrontación, que se extiende al campo de la lucha sobre las narraciones acerca de las historias latinoamericanas, donde hoy se está jugando la suerte futura de varios gobiernos que son jaqueados y deslegitimados por sus no alineamientos económicos con las recetas hegemónicas y por sus «desobediencias» políticas con respecto a lo que propone Estados Unidos.

Reconociendo los inesperados giros de las confrontaciones que vienen sucediéndose en esta excepcional edad democrática y popular de América latina desde comienzos de siglo XXI, vemos entonces la significación que adquiere la reflexión crítica en relación con las vicisitudes entre Estado, sociedad y mercado globalizado. Uno de los puntos débiles de los gobiernos latinoamericanos, incluido el de Cristina Fernández, es que no asumen la urgente tarea de construir una política a la altura de los desafíos diarios de esta época, que tenga como horizonte lo político emancipatorio.

Porque no se trata de proponer un giro de precisión académica a los problemas, sino de una exigencia de pasaje a la política, en un tiempo argentino en el que se vuelven a discutir cuestiones esenciales que atraviesan nuestras prácticas. Pasaje hacia la política que nos confronta con las dimensiones de la justicia, la igualdad, la democratización social y la producción de nuevas formas simbólicas que sean capaces de expresar las transformaciones de la época. En este sentido es que visualizamos la originalidad de lo que está ocurriendo en América latina (más allá de las diferencias que existen entre los distintos proyectos nacionales) y los peligros a los que nos enfrentamos, peligros claramente restauracionistas de una lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa.

Teniendo en cuenta esta escena de nuestra actualidad, nuestro propósito es aportar a una fuerte intervención política -donde el campo intelectual, informativo, científico, artístico y político juega un rol de decisiva importancia- en el sentido de una democratización, profundización y renovación del campo de los grandes debates públicos. Estratégicamente se trata de sumar formas políticas que ayuden a fecundar una forma más amplia y participativa de debatir.

Nos interesa pues encontrar alternativas emancipadoras en los lenguajes, en las formas de organización, en los modos de intervención en lo social desde el Estado y desde el llano, alternativas que puedan confrontar con las apetencias de los poderes conservadores y reactivos que resisten todo cambio real. Pero también que pueda discutir y proponer opciones conducentes con respecto a los no siempre felices modos de construcción política del propio gobierno democrático: a las ausencias de mediaciones imprescindibles, a las soledades enunciativas, a las políticas definidas sin la conveniente y necesaria participación de los ciudadanos. Una nueva época democrática, nacional y popular es una realidad de conflictos cotidianos, y precisa desplegar las voces en un vasto campo de lucha, confiar, alentar e interactuar.

En este sentido, sentimos que las carencias que muchas veces muestra el Gobierno para enfocar y comprender los vínculos, indispensables, con campos sociales que no se componen exclusivamente por aquellos sectores a los que está acostumbrado a interpelar, no posibilitan generar una dinámica de encuentro y diálogo recreador de lo democrático-popular. Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del Gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política desde el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neurálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

Todo lo expresado y resumido da pie a la necesidad de creación de un espacio político plural de debate que nos reúna y nos permita actuar colectivamente. Experiencia que se instituye como espacio de intercambio de ideas, tareas y proyectos, que aspira a formas concretas de encuentro, de reflexión, organización y acción democrática con el Gobierno y con organizaciones populares para trabajar mancomunadamente, sin perder como espacio autonomía ni identidad propia. Un espacio signado por la urgencia de la coyuntura, la vocación por la política y la perseverante pregunta por los modos contemporáneos de la emancipación.